Antes de comenzar, a modo de pedagogía, hay que tener en cuenta unos datos que son importantes a la vista de la ciudadanía. Unos datos que a los estudiantes de Ciencias Políticas nos gusta recordar y que los politólogos e incluso periodistas más reconocidos y con más experiencia deberían explicar en cada plató de televisión y emisora de radio.
Digo esto en primer lugar porque es bueno para la salud social evitar confusiones y/o malinterpretaciones y segundo porque va más allá de la notable apariencia de dar una breve clase de lo que pudiera ser derecho constitucional. Los datos básicos son los siguientes:
1. La Constitución Española en el Título V, artículo 116 recoge el estado de alarma, que es declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo de quince días, autorizado y apoyado por mayoría parlamentaria, es decir, por la mayoría de los partidos políticos (176 votos a favor, como mínimo).
2. Los derechos que limita el estado de alarma son los enumerados en el artículo 55 de la Constitución, como son el derecho a la libertad y seguridad personal, derecho a la inviolabilidad de domicilio, secreto de las comunicaciones, libertad de circulación y residencia, reunión y manifestación, etc.
3. Todas y cada una de las medidas y restricciones son publicadas en el BOE (Boletín Oficial del Estado) y en caso de que alguna medida o restricción limitara inconstitucionalmente algún derecho fundamental del ciudadano pasará a revisión del Tribunal Constitucional.
Dicho esto, a modo de introducción pasamos al foco de atención.
Desde que se levantó el primer estado de alarma allá por el 28 de abril ciertas comunidades autónomas y la oposición política española ha criticado duramente al Gobierno por su gestión frente al covid-19 y sus ineficaces políticas sanitarias. Lo curioso es que las competencias en sanidad están transferidas a las Comunidades Autónomas. En todo caso la Administración General del Estado es la que coordina a las Comunidades Autónomas en estas materias.
Esto no quiere decir, por tanto, que el Gobierno se haya lavado las manos con la gestión, son numerosas las medidas que ha aplicado incluso por Real Decreto de cara a la ciudadanía y la gente más vulnerable (Ertes, teletrabajo, rastreadores, etc.) puestas al alcance de cada región.
La libertad de movimiento de la ciudadanía con el levantamiento del primer estado de alarma ha producido en España una segunda ola de contagios que ha empujado al Consejo Interterritorial de Salud a aconsejar al Gobierno decretar este nuevo estado de alarma.
A diferencia del anterior tiene la peculiaridad de que ahora son las Comunidades Autónomas las que adoptan las restricciones conforme vaya evolucionando la curva de contagios.
Concretamente en nuestra región, en Andalucía, los casos positivos llegan a 157.380 pruebas diagnosticadas. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía no ve por ahora el por qué del confinamiento domiciliario, aunque reconoce que la idea para llevar a cabo está encima de la mesa.
El pasado 30 de octubre aprobó el cierre perimetral de Andalucía en el que nadie puede entrar ni salir salvo causa debidamente justificada. Las medidas y restricciones se plasman en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía). Entre otros, lo más a tener en cuenta es el toque de queda en el horario de 23:00h a 06:00h decretado por el Gobierno y se ordena el cierre de la hostelería a las 22:30h. Se reduce a seis el número máximo de grupos de personas en público y privado, salvo casos de grupos de convivientes.
Los distritos sanitarios de la Sierra de Cádiz y Jerez – Costa Noroeste se han visto especialmente afectados, sobre todo los municipios Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos, Benaocaz, Bornos, El Bosque, Chipiona, Espera, El Gastor, Grazalema, Jerez de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Rota, San José del Valle, Sanlúcar de Barrameda, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Trebujena, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.
En total son 449 municipios de las 785 poblaciones de Andalucía en las que viven 4,3 millones de personas de los 8,5 millones en total. Un toque de queda que al fin y al cabo es un tirón de orejas y una llamada de atención a la ciudadanía por la falta de responsabilidad y civismo.
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